El asunto de las descargas ilegales o descargas no lícitas se está convirtiendo en algo realmente serio, no sólo para las discográficas o productoras sino también para los ciudadanos, quienes ahora son considerados por la justicia de Japón como auténticos delincuentes.
El lunes entrará en vigor en el país del Sol Naciente una nueva ley que impondrá penas de hasta 2 años de cárcel a quienes descarguen archivos protegidos y de 10 años por subirlos a la red (aunque sea un solo archivo).
Es decir. Japón lleva el asunto de las descargas a un nivel superior y las convierte en delitos penales, cuando hasta ahora eran consideradas faltas de jurisprudencia civil. Todo ello ha salido de varias negociaciones llevadas a cabo por las autoridades niponas y las Asociación de la Industria Discográfica del país.
Con estas medidas, Japón quiere acabar de una vez con las descargas ilegales y reconducir el consumo de contenidos audiovisuales a las vías habituales, es decir, a pagar 20 euros por un CD. De lo contrario, en caso de descargar una película o similiar, el ciudadano será penado con 2 años de cárcel, una pena mucho mayor que la aplicada a delincuentes que roban a mano armada o a los políticos corruptos que se hacen con miles de millones del pueblo japonés.
